Institucionalidad y autogestión: el patrimonio entre el abandono y la resistencia.
Por: María José Maturana
Hablar de institucionalidad y gestión en torno al patrimonio en Chile es, inevitablemente, abordar una realidad compleja, marcada por la fragmentación, la superposición de funciones y la escasa articulación entre actores públicos y privados.
Aunque la reciente Ley de Patrimonio Cultural —aún en proceso de reglamentación— representa un avance normativo, en la práctica, la gestión patrimonial continúa enfrentando desafíos estructurales que dificultan una protección efectiva y sostenida.
El entramado institucional involucra al Ministerio de las Culturas, al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), al Ministerio de Obras Públicas (MOP), a los Gobiernos Regionales (GORE), a los municipios y a múltiples organizaciones civiles y privadas. Sin embargo, esta multiplicidad de actores rara vez opera de forma coordinada. La falta de una gobernanza clara y eficiente genera duplicidades, vacíos de responsabilidad o incluso conflictos entre mandatos.
Un ejemplo de esta desarticulación es la fallida recuperación de los ascensores (funiculares) de Valparaíso, iconos identitarios y parte esencial del reconocimiento de la ciudad como sitio del patrimonio mundial. A pesar de ser propiedad del Estado (GORE) y Municipio, más de la mitad permanece fuera de operación. Las intervenciones han carecido de continuidad, los diseños muchas veces han sido poco adecuados y los recursos asignados han resultado insuficientes.
En paralelo, la distribución presupuestaria sigue evidenciando una marcada centralización. Mientras en Santiago se han desarrollado proyectos ambiciosos como el Teleférico Bicentenario (USD 78 millones) en Valparaíso, proyectos de similar urgencia —como la restauración del Ascensor Artillería— han sido postergados o abordados con presupuestos reducidos.
Frente a este panorama de ineficiencia institucional, han emergido formas alternativas de gestión que, desde la autogestión, la comunidad y la colaboración, han logrado sostener espacios patrimoniales con valor simbólico y social. La Sala Pascal 79; el DUC; el Patio Sócrates; y la antigua Maestranza del Barón, con su tornamesa ferroviaria, hoy funciona como un centro de escalada, salas de ensayo y casa de oficios gracias a la gestión independiente de agrupaciones locales, entre otros ejemplos.
Estas experiencias no solo revelan el potencial de la autogestión, sino también la resiliencia de las comunidades frente al abandono institucional. Allí donde el Estado ha sido ineficaz o ausente, han sido los propios actores locales quienes han devuelto vida y sentido a espacios históricos, creando nuevos vínculos con la comunidad y demostrando que el patrimonio puede ser herramienta de desarrollo, identidad y cohesión.
El Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, aún en elaboración, reconoce explícitamente la necesidad de “armonizar las normativas” y fortalecer la cooperación entre entidades.
Replantear la institucionalidad patrimonial en Chile exige más que una reforma legal: implica construir modelos de gobernanza inclusivos, donde el Estado deje de ser un mero administrador y asuma un rol facilitador. Se requiere descentralizar recursos, profesionalizar la gestión pública y establecer alianzas reales con comunidades organizadas.
El patrimonio cultural no puede seguir siendo gestionado bajo la lógica del concurso, del trámite burocrático o del proyecto técnico aislado. Es, ante todo, un bien común, una fuente de memoria, y un recurso para proyectar futuros posibles desde la raíz misma de los territorios.
