Desde la antigüedad los muros de la ciudad han sido un lienzo dispuesto para distintas expresiones, es así como en los muros de la antigua Roma se podían encontrar expresiones satíricas y muchas veces bastante ofensivas en contra de las autoridades.

Es nuestra era, el siglo XIX ya existen registros de manifestaciones en los muros de la ciudad de Santiago y Valparaíso en contra del Presidente Manuel Montt y su Ministro Antonio Varas, que aludían a una supuesta relación homosexual entre ambos a modo de ofensa.

La libertad de expresión es un derecho humano garantizado, sin embargo, con el pretexto esta libertad de expresión, y con un ánimo impositivo muchas personas tratan de justificar, en una combinación de libertad y cultura, un desbordado ataque vandálico a los muros de la ciudades. 

En los últimos años hemos visto como en Valparaíso el graffiti vandálico se ha tomado prácticamente todos los espacios, en una ciudad que reconoce manifestaciones artísticas, respaldándose incluso festivales internacionales de muralismo y stencil, vemos cómo el accionar violento, de grupos o individuos, quien en palabras de Lucy Oporto, representan el lumpenfascismo, irrumpen en la escena con verdaderas muestras agresividad en los muros, que no representan nada a los ojos del transeúnte por su incoherencia y falta de esteticidad mínima, siendo tan inentendibles que tienden a pasar desapercibidos como una raya más en una ciudad maltratada, como parte de una lamentable normalidad.

El lumpenfascista casi siempre, desde la ignorancia, con conductas que constituyen incivilidad y en algunos casos delitos, trata de imponer un punto de vista irreflexivo, con absoluta carencia de sustrato intelectual. Si este lumpenfascista trata de decirnos algo, me ha de creer que no lo logra, su desorden y caos no permite entender siquiera su mensaje, si es que lo tiene, lo cual pongo absolutamente en duda.

El problema está claro, el grafiti destruye el patrimonio, la respuesta normativa, de la ordenanza local, como en las leyes de aplicación general, como el Código Penal y la Ley de Monumento son insuficientes para desincentivar a quienes en un acto agresivo de imposición y adjudicación de lo común, destruyen el patrimonio de la ciudad. Sin caer en el populismo penal, existe la necesidad de elevar las sanciones, pero a la vez hacer que estas sean efectivas y que vayan acompañadas de una reparación del daño causado. Aquí el primer problema los municipios tienen una limitación legal que les permite aplicar multas con un topo de 5 UTM, alrededor de $350000. Por otro lado tenemos la incapacidad de fiscalización, la falta de determinación de los actores que deberían perseguir la responsabilidad de los vándalos como el Ministerio Público. Es así como frente a la falta de consecuencias el graffiti vandálico ha pasado a ser parte de la normalidad, confundiéndose aclaro, con verdaderas expresiones artísticas que son valorados por la comunidad local y el visitante de Valparaíso.

Otra reacción necesaria es el involucrar a la misma comunidad en la detección, denuncia y prevención a través medio de denuncia segura, participación en talleres patrimoniales y de valoración del entorno, y la condena pública de aquello que no podemos considerar como normal.

Y finalmente, el diseño y utilización de nuestro entorno urbano, trabajo mancomunado entre la autoridad que administra espacio público y la comunidad local que utiliza el mismo con diferentes fines, el copamiento, que ha sido una estrategia para combatir el comercio ambulante, va más allá de la presencia de un carro policial o de una patrulla municipal, el copamiento debe ser social, por medio de actividades dinámicas, donde la familia, los artistas e incluso el comercio formal no den espacio a quienes a través de la violencia tratan de imponer ante nosotros una visión poco legible y egoísta que termina por contaminar nuestros muros de odio y sin sentido, que al final y con el tiempo se vuelve tristemente, normal.